miércoles, 2 de julio de 2014

FAES presenta 10 Propuestas para Mejorar el Mercado Laboral.-




La Fundación FAES ha presentado hoy un estudio sobre el mercado laboral en España, en el que se analiza la situación actual del mismo y se desarrollan diez propuestas para mejorarlo, entre las que destacan la simplificación de figuras contractuales y de apoyos para fomentar la contratación, la implantación de incentivos a la búsqueda de empleo, mediante la modulación de la prestación por desempleo, o al interés por la formación y acabar con la vinculación de los salarios con el IPC.




Este texto, titulado Reflexiones sobre el mercado de trabajo: continuar la reforma, parte de la base de que, más allá de los ciclos económicos concretos, existen problemas estructurales que afectan a nuestras relaciones laborales y que es necesario mantener un espíritu de reforma permanente. Por ello, la propuesta que se hace, con carácter general, es que toda reforma laboral debe ser global e incorporar elementos macroeconómicos.

La presentación del estudio ha corrido a cargo del responsable de Economía y Políticas Públicas de la Fundación, Miguel Marín, quien ha dirigido el trabajo, y del director general de Estrategia y Fomento de Empleo de la Comunidad de Madrid, Valentín Bote, que lo ha coordinado. En el acto han estado presentes, además, los autores de los textos contenidos en el documento: Rafael Pampillón, del Instituto de Empresa; Cristina Mingorance, del CEU; Felipe Sáez, de la Universidad Autónoma de Madrid; Mar Alarcón, de la Comunidad de Madrid; Matthias Schäfer, de la Fundación Konrad Adenauer; Annemarie Muntz, del CIETT; Jordi García Viña, de la CEOE; y José Luis Moreno Torres, de la Fundación Democracia y Gobierno Local.
Los 10 puntos de FAES




1- Ahondar en la simplificación contractual haciendo converger los costes de todos los contratos en niveles más moderados, incluidos los costes de despido. Los contratos laborales "favorecen el comportamiento cíclico del mercado laboral, incrementan su dualidad y reducen la productividad de la mano de obra". En este sentido, se propugna: una simplificación de las figuras contractuales y de bonificaciones con las que se ha querido privilegiar a ciertos colectivos y facilitar que converjan los costes de despido de todos los contratos en niveles más moderados.

2- Complementar con ayudas del Estado eventuales reducciones del salario mínimo para favorecer la contratación de colectivos específicos garantizando su nivel de bienestar

Para evitar que el salario mínimo se convierta en una barrera para la entrada en el mercado laboral sería recomendable prestar atención a medidas que han funcionado en otros países, como Alemania, donde se aumentaron los incentivos de los desempleados de larga duración para aceptar empleos de menor remuneración mediante la compensación de esos menores salarios.

3- Concentrar un importe sustancial de la prestación por desempleo en los primeros meses de vigencia, sin perjuicio de mantener, o incluso aumentar, el volumen total de la cuantía. Habría que diseñar mejor la prestación por desempleo, de forma que deje de ser considerada "como un derecho a cobrar una cantidad por haber trabajado, como podría ser una pensión de jubilación", y pase a considerarse más como un seguro que cubre una contingencia. La experiencia internacional apunta a lo siguiente: "modular la cuantía de la prestación por desempleo a lo largo de los meses de su vigencia, concentrando una parte sustancial en los primeros meses de prestación, en los que actúa genuinamente como un seguro, y valorando reducciones de los plazos máximos aun manteniendo o incluso aumentando el volumen total de la prestación".

4- Avanzar en la reducción de los costes generales vinculados a la contratación, con una evaluación de la eficacia de la multitud de bonificaciones actuales. La primera propuesta del estudio hecho público hoy es "avanzar en la reducción de los costes vinculados a la contratación de modo general, lo que pasa por evaluar la maraña de medidas para fomentar la contratación de determinados segmentos de la población". En el texto se aboga por la simplificación contractual y por la portabilidad de la indemnización por despido a un sistema de cuentas de ahorro individuales similar al modelo austríaco, que se ha revelado exitoso. Se podría implantar en España "ya sea en estado puro o complementado con la modalidad de unos costes de despido moderados pero crecientes a cargo del empleador".

5- Aumentar la penetración de las Agencias Privadas de Colocación y de las ETTs en la intermediación para activar a los desempleados y no desaprovechar su experiencia. Es preciso, añade el estudio, seguir exigiendo a dichas agencias privadas y a las ETTS "un alto nivel de transparencia, profesionalidad y compromiso, eliminar restricciones normativas, por ejemplo, respecto al tipo de contratos con los que pueden operar o eliminar las limitaciones sectoriales que todavía hoy operan".

6- Garantizar una adecuada retribución a la formación continua de los trabajadores como incentivo a la inversión en capital humano. En España, "la inversión en capital humano no recibe la remuneración conveniente que incentive a los trabajadores a adquirir mayores niveles formativos. Los salarios para los trabajadores con perfiles formativos superiores son muy similares a los que perciben aquellos menos cualificados, según analiza el texto. Se hace preciso que progresivamente se amplíe la horquilla salarial en la negociación colectiva, para que los trabajadores que asumen el esfuerzo de formarse encuentren el incentivo adecuado y el mercado reaccione ante las señales de esa mayor formación.

7- Mejorar la transparencia y evaluación de las políticas activas y aumentar la libertad de elección del desempleado con medios como el "Cheque Formación". Para que resulten más eficaces, se propone mejorar los sistemas de transparencia y evaluación de estas políticas activas y de sus resultados y la respuesta del sistema a aquellas políticas que se muestran manifiestamente ineficaces, como es el caso de las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social de determinados colectivos. También se sugiere dar un mayor grado de libertad a los desempleados a la hora de elegir la formación a recibir, "como resultaría del establecimiento de modalidades como el cheque-formación" o bono por una determinada cantidad de formación para que el desempleado decida dónde recibirla y si quiere complementarla con recursos propios.

8- Reforzar la seguridad jurídica de la negociación colectiva. Pese al indudable esfuerzo de modernización de la negociación colectiva en España que ha propiciado la reforma laboral de 2012, todavía se detectan casos de inseguridad jurídica, por lo que se hace indispensable "reforzar la seguridad en aspectos como la validez de las cláusulas convencionales que preveían la ultraactividad indefinida de los convenios suscritas con anterioridad a la reforma". Y en materia de inaplicación de los convenios, se hace preciso aclarar los límites de la autonomía colectiva.

9- Abrir una reflexión general sobre el modelo de empleo público en España orientada hacia un esquema de incentivos que procuren una mayor eficiencia. El sistema de empleo público español adolece de rigidez funcional, inexistencia de carrera profesional y régimen retributivo carente de incentivos e ineficiencia en la gestión de la temporalidad por lo que sería deseable "que le fueran de aplicación esquemas de incentivos a la movilidad o a la formación en los términos ya expresados para el resto de los trabajadores".
10- Acompasar las reformas del mercado laboral con otras tendentes a eliminar burocracia y trabas administrativas que flexibilicen y dinamicen los mercados. El estudio aboga por realizar actuaciones económicas, continuas y a medio y largo plazo, a fin de reducir la burocracia, las barreras administrativas y las regulaciones de los mercados de productos para facilitar la innovación, así como fomentar específicamente programas concretos de I + D".



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